Si se mira apenas hacia atrás, se podrían refrescar los momentos más ilustrativos del recorrido en el que las instituciones policiales en la región latinoamericana y en diversas partes del mundo adquirieron el estatus innegable de problema público constantemente examinado bajo la lupa mediática. Ese ejercicio nos estacionaría en cuestiones de corrupción (que abarca desde el pago de cuotas a jefes policiales, extorsión, secuestro, homicidios y crimen organizado), ineficacia para prevenir y administrar el delito, la inexistencia de procesos de inteligencia social preventiva para anticiparse a las situaciones que generan condiciones de violencia e ingobernabilidad o los históricos lazos ocultos e ilegales con la clase política que le han dado sentido a lo que algunos estudiosos han llamado el desgobierno político de la seguridad. Si se quiere revertir este panorama, es necesario impulsar procesos de reforma policial profundos, integrales y sostenidos. Pese a las resistencias naturales que implica cualquier cambio, estas organizaciones encargadas de mantener el orden y hacer cumplir la ley enfrentan hoy el complejo desafío de participar en un continuo proceso de reinvención a fin de alcanzar la efectividad que la sociedad demanda de su parte. Cambios profundos de sus estructuras y mentalidades al interior de sus propias filas y el reposicionar de la figura del policía en una sociedad cada vez más desencantada con sus funciones y resultados. Esto es, transformar y modernizar la misión social de la policía para que se reconozca el importante papel que juegan en la gobernabilidad democrática.

Uno de los temas que más presente ha estado cuando se habla de reforma policial es el de la urgente formación y profesionalización de la policía. La falta de profesionalización policial favorece que se sedimenten formas arbitrarias, ineficaces e ignorantes de la legalidad tanto en el uso de la fuerza como en la consecución de las tareas propias de cada cuerpo policial. La idea generalizada de que la policía debe ser profesional funciona como referente simbólico que la gran mayoría acepta, aunque ello no merezca todavía un significado preciso y acabado. En ese sentido, el tema de este número de la revista se pregunta, ¿cómo se forma a la policía para la democracia?, ¿quiénes tienen hoy legitimidad para formar a un policía en nuestros países?, ¿cuál es la fuente de legitimidad y cuál es el conocimiento que debe transmitirse para la formación y profesionalización de un/a policía en democracia? ¿Cómo están siendo estos procesos y en qué medida están siendo congruentes con las rutinas reales del policía en servicio en contextos multicomplejos y de operación diversos? Se busca, promover una reflexión y discusión crítica sobre la formación, los sistemas de educación, el entrenamiento policial y su capacidad para funcionar como vehículo para la inducción de criterios, conocimientos científicos y técnicas encaminadas a satisfacer las normas y expectativas que sostiene la democracia. Al tiempo, el propósito de este debate es la generación de propuestas encaminadas a la adopción de nuevas perspectivas que tracen con nitidez una relación directa entre la calidad democrática de la educación, la profesionalización policial y la calidad democrática de las decisiones que adopta el policía en su quehacer cotidiano.

Coordinadora del número: María Eugenia Suárez de Garay