Pobreza, desigualdad y exclusión son términos que revelan una grave problemática de las sociedades contemporáneas. Desarrollo, igualdad e inclusión son vocablos que expresan, en contraparte, la intención y los objetivos públicos de revertir y solucionar estos problemas sociales. Se admite que estos fenómenos estructurales no se reducen a la dimensión económica y que es necesario incorporar en los estudios, discusiones, diseño de políticas públicas y procesos educativos, otros factores de orden cultural y educativo, social y político, incluso identitario, que son decisivos para entender la realidad y estar en condiciones de transformarla. Sin duda, la educación es un terreno disputado en el que confluyen distintos fines políticos y educativos, instituciones y programas, conceptos y significados, así como modalidades y prácticas; desde siempre y dada su naturaleza, se depositan en ella múltiples expectativas y proyectos colectivos, así como demandas y exigencias al Estado. La inclusión aparece en este contexto discriminatorio como uno de los desafíos de la educación en las democracias.

La discriminación, entendida como desigualdad de trato que tiene su sustento en prejuicios, estereotipos y estigmas culturales, atraviesa el ámbito educativo y acrecienta la duda sobre la capacidad de las instituciones y los alcances de las políticas públicas para contenerla y enfrentar la desigualdad estructural. Se advierte que la educación en sus distintos niveles y modalidades es un bien social distribuido y aplicado en forma desigual, incluso, inaccesible para muchos grupos sociales por razones que no sólo obedecen a la disponibilidad y adecuada distribución de recursos económicos, sino también a factores culturales y políticos: clasificaciones identitarias colocan a personas y colectivos en situaciones de desventaja y de exclusión educativa.

Aun cuando el principio de igualdad y el derecho antidiscriminatorio están insertos en la agenda democrática nacional y despliegan un nuevo escenario legal e institucional, ambos se ven invalidados por la realidad resultante de un modelo económico que produce una sociedad estructuralmente injusta. Cada vez que se limita, anula o impide a una persona o grupo social el ejercicio efectivo de un derecho, de manera destacada el derecho a la educación, a causa de alguna característica identitaria (origen étnico, género, edad, condición de discapacidad o migratoria, preferencia sexual, identidad y expresión de género, creencia religiosa, entre otras) se está ante prácticas discriminatorias. Por otra parte, cabe considerar que los estudios acerca de la discriminación tienen un origen muy reciente y todavía no constituyen un paradigma estable en las ciencias sociales.

A los reclamos tradicionales de acceso a la educación, se han sumado otras exigencias relacionadas con la inclusión de las diferencias y el ejercicio pleno del derecho a la educación. La cobertura educativa es tan sólo uno de los indicadores que expresa hasta qué punto la sociedad garantiza la igualdad de oportunidades; ahora se plantea la inclusión educativa como uno de los retos, no sólo técnico sino conceptual y político, para la construcción de la democracia en el país. Para dinamizar procesos de igualdad de trato es necesario entender los procesos y las situaciones de trato desigual que se dan en los entornos institucionales educativos específicos, desde un marco conceptual consistente y una perspectiva de derechos humanos. La inclusión de las diversas identidades que conforman la sociedad es un campo de estudio que acoge distintos y novedosos acercamientos teóricos, diversas narrativas y modelos para su realización, dentro de un terreno controvertido y disputado por los distintos actores que intervienen en él.

Coordinadora del número: Teresa González Luna Corvera